La Fiscalía General de la Nación solicitó este martes 25 de abril la preclusión del caso contra el exsenador liberal y precandidato a la Gobernación, Julián Bedoya, por presuntamente gestionar un fraude institucional para obtener su diploma como abogado de la Universidad de Medellín.

La solicitud fue sustentada por el fiscal delegado Fernando Augusto Arias Velásquez ante un juzgado penal de Bogotá, ante el cual argumentó que el material probatorio en contra de Bedoya no constituye delito.

A través de una audiencia que comenzó hacia la 1:30 p.m., el ente acusador sostuvo no encontrar asidero en las acusaciones que fueron formuladas contra el exsenador y expresó al juez que lleva el caso ver pertinente que el mismo desestime, al no encontrar hechos que dieran cuenta de la comisión de un delito.

A lo largo de su exposición, el fiscal comenzó haciendo un recuento cronológico del caso y sintetizó en varios puntos principales los señalamientos que recaen sobre Bedoya Pulgarín.

En primer lugar recordó que, de acuerdo con las denuncias que hacen parte del proceso, se señala a Bedoya de irregularidades cuando reingresó en 2018 a la Universidad de Medellín, expresadas en puntos como que esa solicitud fue evaluada por el Consejo Académico y no por el Consejo de Facultad.

Así mismo, recordó que el precandidato es señalado de verse beneficiado por actas de evaluación que presuntamente se habrían firmado en blanco y luego adulterado, así como irregularidades en la presentación de los exámenes de suficiencia, cuyos tiempos no cuadrarían con los reglamentos de la universidad.

También recordó que el exsenador es señalado de tener un presunto trato preferencial por parte de esa universidad y que, con base en esas inconsistencias, habría podido recibir su acta de grado y presentarla ante el registro nacional de abogados para ejercer su profesión.

“La Fiscalía encontró plenamente acreditado el trámite de reingreso del señor Julián Bedoya”, dijo el fiscal.

Sobre un presunto trato preferencial para Bedoya, el fiscal también consideró errada esa interpretación y sostuvo que la forma en cómo su caso se llevó se vincularía con una política institucional de la Universidad de Medellín asociada con la búsqueda de su acreditación de alta calidad.